Por: Verónica García de León y Marina Delaunay
Publicado: 06:0011 de agosto de 2008
Ángel, de apenas 11 años, desayuna todos los días un sándwich, nunca fruta. En la escuela, ya para la hora del recreo, tiene un hambre atroz. Son las 10:30, la hora de comer sopes, papas fritas y galletas, sin menospreciar el lonche que le preparó su mamá, otro sándwich igual al de la mañana. Para las 12:30, Ángel habrá consumido la mitad de las calorías necesarias para todo un día. Aún le faltan más frituras y dulces que comprará a la salida de la escuela, la comida en casa, las botanas mientras mira la televisión o se entretiene con videojuegos por la tarde y el cereal con azúcar de la cena.
Niños como Ángel le dejan a las tienditas escolares 19,400 millones de pesos al año por la compra de productos altos en grasa, sodio o azúcar. Sin embargo, se trata de un segmento que las propias compañías de alimentos y bebidas no consideran significativo, pues tienen un mercado valuado en 672,000 millones de pesos, según Euromonitor.
Pero lo que el gobierno y los maestros decidan hacer en las escuelas podría ser una ola expansiva que cambie lo que las mamás compren a sus hijos.
Las escuelas se han convertido en el punto de ataque. La obesidad infantil fue la que más creció en los últimos años (subió 33% desde 1999, en menores de cinco a 11 años de edad). Hoy en día, una tercera parte de los niños y de los adolescentes tiene sobrepeso. Además, en las escuelas, donde pasan una tercera parte del día, se da el mayor consumo calórico. Ángel, con 25 kilos de más, podría desarrollar enfermedades que hace unas décadas eran propias de los adultos. Los niños obesos, con padecimientos de grandes, son una bomba de tiempo para el gobierno; el presupuesto ya está diluyéndose en el de por sí caro tratamiento de adultos con diabetes tipo dos, hipertensión o enfermedades cardiovasculares, todas ligadas a la gordura.
No es la primera vez que los intereses del gobierno y de una industria se enfrentan en temas de salud. Pero el gobierno tuvo menos problemas para confrontar a la industria del tabaco, dada la evidencia mundial de los daños que causa. Atacar al osito Bimbo o a la chispa de Coca-Cola es como meterse con el Santa Claus de los niños.
En el Congreso se cocina una ley nacional de nutrición, pero la Secretaría de Salud (SS) ya lanzó su primer ataque frontal el 25 de febrero pasado, cuando presentó la ‘Jarrita’, una serie de recomendaciones sobre la ingesta de bebidas hechas por cuatro científicos mexicanos y otros de las universidades de Harvard y Carolina del Norte. De jugos, sólo medio vaso por día, estableció: y los refrescos, mejor evitarlos.
Un día después, el Senado aprobó la ley antitabaco y les robó los titulares. Aun sin reflectores, la ‘Jarrita’ desató una catarata de acciones y marcó un hito en las relaciones empresa-gobierno. El Consejo Mexicano de la Industria de los Productos de Consumo (ConMéxico), que agrupa a las 30 mayores fabricantes de alimentos y bebidas, como Coca-Cola, PepsiCo, Bimbo, Jumex y Unilever, encargó estudios a la Fundación Mexicana para la Salud, para hacer contrapeso a los argumentos del gobierno federal. Además, convocó a cinco de las organizaciones con mayor peso en el país para sumarse a su defensa. Desde entonces se reúne una vez a la semana, en una sala de juntas de avenida Palmas, en el DF, con los representantes de la Confederación de Cámaras Industriales, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Consejo de la Comunicación.
Nunca antes tantas organizaciones de la industria habían cerrado filas. La intención es frenar la otra epidemia, la de las ‘estrategias antiobesidad’ de gobiernos y congresos. “Satanizar un producto es atacar sólo una parte del problema”, observa Rafael Fernández, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola de México.
ConMéxico contrató a Estrategia Política, el despacho de Gustavo Almaraz, el que unos años antes cabildeó en favor de los casinos en la Ley de Juegos y Sorteos. Cabilderos e integrantes de ConMéxico viajan, desde hace dos años, para frenar las iniciativas en los congresos federal y de los estados.
En 2005, Sonora fue la primera entidad en proponer una reforma a su Ley de Educación para prohibir la venta de los alimentos bajos en nutrientes y bebidas altas en azúcar en las escuelas. Baja California hizo esa modificación legal en noviembre de 2006. En total, 23 estados han emitido leyes o iniciativas en la materia.
La industria sigue la táctica de anticiparse con propuestas para detener proyectos como el de un legislador federal del Partido Verde, que en el último día de sesiones del último periodo ordinario propuso cuatro iniciativas para prohibir los alimentos altos en grasas. O contrarrestar a los directores de escuelas que están eliminando los dulces y refrescos para imponer algo más ‘saludable’.
Las empresas no son neófitas en esto. Nestlé, Kraft, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever y cadenas como McDonald’s, Burger King y Pizza Hut han ganado peleas ante tribunales en otros países. En 2002, una demanda judicial de dos adolescentes contra McDonald’s inició una oleada de querellas contra las cadenas de comida rápida.
Hasta ahora, los pocos analistas que se animan a opinar sobre el tema no ven un impacto en las ventas del sector. “Hay un hecho y es que no pueden dejar de vender, Bimbo va a seguir vendiendo sus Chocorroles; quizá sí hay repercusión tanto en sus costos como en desarrollo de productos reformulados (con cambios en su contenido) y, posiblemente, enfoquen más su publicidad a las nuevas tendencias saludables”, estima Marco Reyes, analista de Ixe.
A la madre de Ángel le gustaría que en su escuela dejaran de vender ‘comida chatarra’, tanto la industrial como la que ofrecen las cooperativas escolares y los puestos callejeros en forma de pambazos, gorditas y churros. “Allí no puedo controlarlo”. La probabilidad de que Ángel siga siendo obeso en la edad adulta es de 50%, y antes de eso podría desarrollar hipertensión o diabetes. “Si no se detiene la obesidad en niños, la actual generación de padres puede ser la primera que entierre a sus hijos”, añade Agustín Lara, director de Programas en el Adulto y en el Anciano, el único funcionario de la SS que habló con Expansión. “La expectativa de vida que se había ganado en tres generaciones se está perdiendo”, advierte.
En casa tampoco hay mucho control. Ángel pasa tres horas al día frente al televisor o con sus videojuegos, y come verduras y frutas, con suerte, una vez a la semana.
